Expertos coinciden: redes criminales detrás de la tragedia
Desapariciones: entre la trata, el reclutamiento forzado y la resistencia de las familias buscadoras
Elva Rivas, fundadora del colectivo Renacer, transformó el dolor por la desaparición de su esposo en una búsqueda que continúa hasta hoy. Desde hace más de una década, encabeza operativos de localización, lo que la llevó a un predio vinculado con la desaparición de personas en Nuevo León.
La desaparición como arma
de control
“La desaparición es una de las principales herramientas que usa el crimen para controlar territorios y comunidades”. —Chantal Flores, periodista y especialista en desapariciones.
La economía de la explotación
“El tema de la trata es muy redituable para ellos porque no tienen que invertir nada y las víctimas están sometidas todo el tiempo”. —Melva Frutos, periodista e investigadora de trata de personas.
Los cuerpos como mano de
obra delictiva
“Una persona desaparecida le sirve a alguien para algo”. —Darwin Franco, periodista e investigador sobre reclutamiento forzado.
Por Lilian Gómez
10 de junio de 2026 - Monterrey, Nuevo León.
Ni vivos ni muertos
La desaparición de su esposo hace más de una década cambió el rumbo de su familia y dio origen a una búsqueda que continúa hasta hoy. Esta es la historia de Elva Rivas.
Elva descubrió que la historia de su esposo no era una excepción. Tan solo entre 2006 y la actualidad, México acumuló más de 130 mil registros de personas desaparecidas y no localizadas, una crisis que afecta a miles de familias en todo el país. Las fichas de búsqueda se convirtieron en uno de los rostros más visibles de este fenómeno: cada una representa una persona desaparecida, pero también una familia que, como Elva, se resiste a dejar de buscar.
Las fichas de búsqueda permiten dimensionar que la desaparición en México difícilmente puede entenderse como un fenómeno aislado. Más allá de la ausencia de una persona, numerosos casos se desarrollan en contextos marcados por distintas formas de violencia, explotación y control criminal. Sin embargo, para las familias, la desaparición suele comenzar de la misma manera: con una ausencia que permanece sin respuestas y una búsqueda que se convierte en parte de la vida cotidiana.
Frase sobre los desaparecidos en CIESAS Noreste, Centro de Monterrey.
Foto: Lilian Gómez
Los vínculos detrás de la desaparición
El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) contabiliza más de 130 mil personas desaparecidas en México desde 2006. De ellas, el 36% de los casos carecen de información suficiente para iniciar una búsqueda centrada, conforme con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Paralelamente, delitos como la trata de personas y el reclutamiento forzado muestran incrementos sostenidos: la trata aumentó 45% entre 2024 y 2025, mientras que las investigaciones relacionadas con adolescentes reclutados por el crimen organizado prácticamente se duplicaron entre 2021 y 2023 (SESNSP). En un contexto donde estos fenómenos avanzan simultáneamente, la coexistencia entre desaparición, trata y reclutamiento forzado evidencia la necesidad de analizar sus posibles vínculos estructurales dentro de una misma dinámica criminal.
De igual forma, las cifras muestran que la desaparición de personas forma parte de un contexto más amplio de violencia y explotación. Desde el 2020, la trata de personas y el reclutamiento forzado también han mantenido una tendencia sostenida.
Como formas de violencia que implican la captación, traslado o utilización de personas, su crecimiento paralelo al de las desapariciones ha llevado a especialistas y organizaciones civiles a explorar los posibles vínculos entre estas problemáticas. Tan solo en 2025, los tres delitos acumularon más de 14 mil casos registrados y documentados, reflejando la magnitud de una crisis que no puede comprenderse a partir de un solo fenómeno.
Gráfica interactiva de tendencias de desaparición, trata de personas y reclutamiento forzado (2020-2025).
Fuente de datos: Elaboración propia con datos del RNPDNO, SESNSP y organizaciones civiles.
Las cifras de reclutamiento forzado corresponden a estimaciones y casos documentados por organizaciones civiles y reportes periodísticos, debido a la ausencia de un registro oficial consolidado en México.
Link a base de datos descargable
La desaparición como arma de control
Según la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), “la desaparición forzada de personas constituye una violación grave de derechos humanos a causa de la multiplicidad de delitos que coexisten cuando es cometida”.
La desaparición en México se convirtió en un mecanismo de control, terror y silenciamiento que, además de impactar a las víctimas directas, también afecta a familias y comunidades completas.
En palabras de Chantal Flores, periodista independiente especializada en el tema de la desaparición forzada en México, “la desaparición es la táctica más eficiente para sembrar terror y miedo, pues es una de las principales herramientas que usa el crimen para controlar territorios y comunidades”. Bajo esta perspectiva, la desaparición en México se evidencia como una práctica sistemática atravesada por estructuras criminales, omisiones estatales y mecanismos de control social.
Esta lógica de control muestra que las desapariciones cumplen funciones adicionales dentro de las estructuras criminales. Para el periodista e investigador Darwin Franco, el dominio de territorio y la generación de miedo forman parte de una dinámica más amplia. “El control territorial y el terror por sí solos no explican esta cantidad de desapariciones; lo que se requiere es gente que produzca”.
En otras palabras, las organizaciones criminales no solo buscan controlar zonas, sino también disponer de personas que permitan sostener y expandir sus actividades dentro de las mismas. De ese modo, la desaparición funciona como una puerta de entrada a distintas formas de explotación y reclutamiento.
Entre 2018 y 2025, periodistas, investigadores y organizaciones civiles documentaron patrones que vinculan las desapariciones con distintas formas de explotación utilizadas por el crimen organizado, como el reclutamiento forzado, la explotación laboral, la trata de personas y la explotación sexual. Como señala Flores, “el crimen organizado no se puede quedar sin personal”.
Bajo esta lógica, la desaparición funciona como un mecanismo de abastecimiento de mano de obra criminal, particularmente en contextos donde las organizaciones delictivas buscan llevar a cabo operaciones de vigilancia u otras actividades ilícitas diversificadas.
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“No se trata de vacantes, es una dinámica de ‘quien esté en este territorio va a trabajar para mí’ para mantener ese poder”, agrega Flores.
Sin embargo, las desapariciones no responden a una sola dinámica. Para Franco, se trata de un fenómeno multifactorial cuyas características cambian según el área y el perfil de las víctimas. “No es lo mismo ser desaparecido en Monterrey que en Tijuana, Chiapas o Veracruz”, explica. Las redes criminales operan de manera distinta en cada región y utilizan a las personas desaparecidas para fines diversos.
El género también influye en estas dinámicas. “No es lo mismo las razones por las cuales te pueden desaparecer si eres hombre o mujer”, señala Franco. Comprender estas diferencias resulta fundamental para entender por qué ciertos grupos enfrentan mayores riesgos de explotación que otros y cómo algunas desapariciones terminan vinculándose con fenómenos como la trata de personas.
Frase sobre los desaparecidos en Padre Mier 444, Centro de Monterrey.
Foto: Lilian Gómez
La economía de la explotación
Si en algunos casos la desaparición funciona como un mecanismo de control territorial y reclutamiento, en otros se convierte en la puerta de entrada a redes de explotación que generan ganancias permanentes para las estructuras criminales.
La trata de personas constituye una de las actividades ilícitas más lucrativas del mundo. De acuerdo con estimaciones de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), este delito genera alrededor de 32 mil millones de dólares anuales para las redes criminales. México ocupa además una posición estratégica como país de origen, tránsito y destino de víctimas de trata, una condición que favorece la operación de estas redes a escala nacional e internacional.
Para Melva Frutos, periodista con casi tres décadas de experiencia e investigadora del fenómeno de la trata de personas en Nuevo León, la relación entre desaparición, explotación y crimen organizado aparece de forma recurrente en los casos que ha documentado desde 2012, cuando comenzó a investigar el tema. “Los grupos de la delincuencia encontraron un nicho económico muy importante en la trata”, afirma.
A diferencia de otros delitos, la trata permite obtener ganancias constantes mediante la explotación continua de las víctimas. Conforme las organizaciones criminales diversificaron sus actividades más allá del narcotráfico, comenzaron a incorporar prácticas como la extorsión, el cobro de piso y la explotación de personas dentro de sus esquemas de financiamiento.
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"El tema de la trata es muy redituable para ellos porque no tienen que invertir nada y las víctimas están sometidas todo el tiempo”, señala la periodista.
Sin embargo, detrás de las cifras y los beneficios económicos se encuentra una de las expresiones más extendidas de la trata de personas: la explotación sexual de mujeres jóvenes.
Desde que comenzó a investigar la problemática de las desapariciones en 2011, Frutos identificó un patrón recurrente en numerosos casos. Aunque las circunstancias de cada desaparición son distintas, una parte considerable de las víctimas termina vinculada a esquemas de explotación sexual operados por redes criminales.
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"Sí o sí, el gran porcentaje de los casos es para explotarlas sexualmente”, afirma al referirse a numerosas desapariciones de mujeres jóvenes.
Las organizaciones buscan principalmente mujeres jóvenes, quienes suelen ser trasladadas entre distintas ciudades y estados para dificultar su localización y maximizar su explotación, sostiene la periodista. “Las quieren jóvenes, las quieren chiquitas. Entre más jóvenes, más cobran por ellas”, agrega. Investigaciones sobre trata de personas realizadas en Nuevo León desde 2013, entre ellas las desarrolladas por el investigador Arun Kumar, documentaron rutas que conectan ciudades como Monterrey, Cancún y diversos puntos de la frontera norte, donde operan espacios asociados a la explotación sexual, como prostíbulos, bares y casas de masaje.
La magnitud del fenómeno contrasta con la escasa visibilidad que recibe. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) advirtió que la trata de personas presenta una de las cifras negras más elevadas del país, lo que significa que una gran cantidad de casos nunca llega a ser denunciada o identificada oficialmente.
Esta invisibilidad también impacta las investigaciones. Durante su trabajo periodístico, Frutos documentó casos de familias que, tras obtener indicios de explotación, intentaron que las autoridades incorporaran la trata como línea de investigación, sin obtener respuesta favorable. La diferencia resulta relevante porque una búsqueda enfocada en trata puede ampliar el espectro de investigación hacia redes de explotación sexual, rutas de traslado o establecimientos donde podrían encontrarse las víctimas.
Para la periodista, comprender la conexión entre desaparición y explotación sexual no solo permite dimensionar mejor el fenómeno, sino también ampliar las posibilidades de búsqueda y localización de personas desaparecidas.
Fichas de búsqueda en Ignacio Zaragoza 218, Centro de Monterrey.
Foto: Lilian Gómez
Los cuerpos como mano de obra delictiva
Si la trata de personas representa una de las formas más lucrativas de explotación criminal, el reclutamiento forzado evidencia otra dimensión de la crisis de desapariciones en México: la utilización de personas desaparecidas como mano de obra para sostener las operaciones de grupos delictivos. Lejos de tratarse de casos aislados, diversos indicios apuntan a que numerosas desapariciones responden a necesidades operativas vinculadas a economías criminales que requieren un flujo constante de trabajadores para mantener su funcionamiento.
Para Darwin Franco, periodista y académico, las desapariciones en México suelen tener fines económicos. “Una persona desaparecida le sirve a alguien para algo”, explica. Esta premisa permite entender por qué el perfil predominante entre las personas desaparecidas en México corresponde a jóvenes en edad productiva. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) indica que una parte significativa de los casos se concentra en personas de entre 18 y 29 años, un sector que coincide con la población que con mayor frecuencia es captada por organizaciones criminales para ser utilizada como fuerza de trabajo.
"Las desapariciones no afectan a todos los grupos de la misma manera: los hombres jóvenes concentran la mayor cantidad de casos, mientras que en las mujeres la desaparición suele vincularse con contextos de explotación sexual”, menciona Franco.
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A diferencia de las dinámicas de explotación sexual, el reclutamiento forzado suele estar orientado a la obtención de mano de obra para actividades relacionadas con la producción de drogas, vigilancia territorial, transporte de mercancías ilícitas o participación en estructuras armadas. En algunos casos, explica Franco, las víctimas son engañadas mediante falsas ofertas de empleo difundidas a través de redes sociales, donde se prometen salarios atractivos y oportunidades laborales que terminan convirtiéndose en mecanismos de captación. Una vez trasladadas a otros estados, muchas de estas personas son privadas de su libertad y obligadas a participar en actividades criminales.
Especial Multimedia de Intersección MX© sobre el caso de Carlo Andoni.
Sin embargo, las tareas asignadas a las personas captadas no siempre son las mismas. En los casos más extremos, algunas son obligadas a participar directamente en actividades violentas dentro de las organizaciones delictivas.
Una de las expresiones de esta lógica es lo que el periodista denomina sicariato forzado: “Personas que son desaparecidas para ser forzadas a recibir entrenamientos con armas para integrarse a estructuras criminales”, resalta al describir una dinámica que ha documentado durante años en Jalisco. Bajo este esquema, las víctimas terminan convirtiéndose en mano de obra desechable dentro de organizaciones criminales que requieren reemplazar constantemente a quienes mueren, son detenidos o abandonan sus filas.
El hallazgo del Rancho Izaguirre el 5 de marzo de 2025, en Teuchitlán, Jalisco, expuso públicamente la magnitud de este fenómeno. Para Franco, este caso permitió evidenciar que el reclutamiento forzado no responde a hechos aislados, sino a circuitos organizados de captación, traslado, entrenamiento y explotación de personas. “Lo que el Rancho Izaguirre demostró es que los centros de entrenamiento existen y también existen los centros de exterminio”, sostiene. El caso permitió visibilizar una dinámica que durante años había permanecido oculta: la utilización sistemática de personas desaparecidas dentro de esquemas de reclutamiento forzado.
"En esos lugares, a las personas que se negaban a hacer lo que se les pedía, las asesinaban. A veces, esos asesinatos servían para enseñar a otros qué hacer con los cuerpos”, indica Franco.
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Sin embargo, pese a la creciente evidencia, el reclutamiento forzado continúa enfrentando importantes obstáculos institucionales. En México, esta práctica no se encuentra tipificada como delito autónomo, lo que dificulta su investigación y limita el reconocimiento jurídico de las víctimas. Esta falta de reconocimiento legal adquiere una dimensión aún más significativa si se considera que organizaciones como Reinserta estiman que entre 30 mil y 40 mil menores de edad participan activamente en estructuras criminales, desempeñando funciones que van desde labores de vigilancia hasta actos de violencia extrema.
Como consecuencia, numerosos casos terminan siendo investigados únicamente como desapariciones individuales, sin explorar las redes criminales más amplias que podrían encontrarse detrás de ellas. “Las desapariciones en este país se investigan como casos aislados”, advierte Franco. Esta fragmentación impide comprender la dimensión sistémica del fenómeno y favorece la permanencia de estructuras criminales que continúan operando con altos niveles de impunidad.
Fichas de búsqueda afuera de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, Centro de Monterrey.
Foto: Lilian Gómez
Un mismo fenómeno, distintas dinámicas
Aunque las cifras nacionales suelen presentar la desaparición como una sola crisis, los periodistas e investigadores consultados advierten que detrás de los registros existe una diversidad de dinámicas criminales. Jalisco se convirtió en un referente de los casos asociados al reclutamiento forzado; Tamaulipas registra algunas de las tasas de desaparición más altas del país en contextos de disputa territorial; mientras que en estados como Nuevo León se han documentado rutas vinculadas con la trata y la explotación sexual. Para los especialistas, estas diferencias evidencian que la desaparición adopta formas distintas dependiendo de la región y las estructuras criminales que operan en cada territorio.
Como explica Chantal Flores, “las dinámicas son muy distintas dependiendo del estado”. La periodista señala que comprender una desaparición exige observar el contexto donde ocurre, ya que los factores que intervienen en una entidad pueden diferir significativamente de los presentes en otra.
Melva Frutos menciona esta variación en el caso de la trata de personas. Durante sus investigaciones en Nuevo León, documentó rutas de traslado que conectan ciudades fronterizas con destinos turísticos y espacios de explotación sexual, una dinámica distinta a la observada en otras regiones del país donde predominan otros mercados ilícitos.
Darwin Franco coincide en que cada territorio desarrolla mecanismos propios. “Cada estado tiene su propia dinámica desaparecedora”, afirma. En estados como Jalisco, por ejemplo, documentó esquemas de reclutamiento forzado vinculados a centros de entrenamiento criminal. En contraste, en entidades como Tamaulipas, las desapariciones se desarrollan en contextos marcados por disputas territoriales, control de rutas estratégicas y la presencia histórica de grupos criminales.
El mapa interactivo a continuación permite observar estas diferencias a escala nacional. Al analizar la tasa de personas desaparecidas por cada 100 mil habitantes, destacan estados como Tamaulipas (381.8), Zacatecas (239.7), Sinaloa (208.3), Colima (202.5) y Jalisco (183.1), que registran algunos de los niveles más altos del país. En contraste, entidades como Tlaxcala (11.8), Yucatán (12.8), Campeche (13.1) y Oaxaca (18.4) presentan tasas considerablemente menores. Más que una crisis homogénea, los datos respaldan lo señalado por los especialistas: la desaparición adopta formas distintas según el territorio y las estructuras criminales que operan en él.
Mapa interactivo comparativo estatal de personas desaparecidas por cada 100 mil habitantes.
Fuente de datos: Elaboración propia con datos del IMDHD e INEGI
Link de base de datos descargable
Detrás de cada desaparición
Mientras los casos de desaparición continúan acumulándose en distintas regiones del país, la búsqueda de personas requiere una respuesta inmediata. Para la Comisión Local de Búsqueda de Personas, las primeras horas después de un reporte pueden resultar determinantes para localizar a una persona con vida. Por ello, una vez recibida la denuncia, se activan acciones que incluyen entrevistas con familiares, revisión de hospitales, centros de detención, cámaras de vigilancia y coordinación con distintas instituciones que puedan aportar información relevante.
Sin embargo, la búsqueda enfrenta obstáculos constantes. La falta de información durante las primeras horas, los rezagos forenses, las limitaciones de personal y recursos, así como la presencia del crimen organizado, dificultan la localización de personas desaparecidas. Estas condiciones obligan a adaptar las estrategias de búsqueda según las características de cada caso y a mantener una coordinación permanente entre distintas autoridades.
La Comisión también ha identificado patrones recurrentes entre las personas desaparecidas. Jóvenes de entre 15 y 29 años, mujeres adolescentes, personas migrantes y población en condiciones de vulnerabilidad económica aparecen con frecuencia en los reportes. En el norte del país, además, son comunes los casos asociados a dinámicas de delincuencia organizada, migración y reclutamiento forzado.
La experiencia de la Comisión coincide con una de las principales conclusiones planteadas por los especialistas consultados: las desapariciones rara vez responden a una sola causa. Detrás de cada caso pueden converger fenómenos como la trata de personas, el reclutamiento forzado, la migración, la violencia de género o la delincuencia organizada. Identificar estas conexiones resulta fundamental para diseñar estrategias de búsqueda más efectivas y comprender una crisis que continúa transformándose en las distintas regiones del país.
Cuando la violencia se vuelve cotidiana
Las desapariciones, la trata de personas y el reclutamiento forzado suelen analizarse como fenómenos separados. Sin embargo, para el investigador social Mauricio Argüelles, estas problemáticas forman parte de una misma realidad: una violencia que no surge de manera espontánea, sino que se construye y reproduce a través de factores económicos, políticos, culturales e históricos.
Desde una perspectiva sociológica, explica, la violencia no puede entenderse únicamente como el resultado de decisiones individuales o de acción de grupos criminales. “Es un problema
Infografía de elaboración propia (imágenes elaboradas por Chat GPT).
estructural”, sostiene Argüelles. Factores como la desigualdad, la exclusión social y la falta de oportunidades generan condiciones que favorecen distintas formas de violencia, aunque el investigador advierte que reducir el problema únicamente a cuestiones económicas sería insuficiente.
Para Argüelles, una de las consecuencias más preocupantes de este proceso es la normalización. A medida que la violencia se vuelve parte del entorno cotidiano, existe el riesgo de que deje de percibirse como una excepción y comience a asumirse como algo habitual. Esta normalización también influye en la forma en que la sociedad observa las desapariciones. A medida que los casos se acumulan, existe el riesgo de perder de vista la magnitud de la crisis.
“Mientras no me toque a mí, todos los demás son estadísticas”, advierte. La frase resume uno de los principales desafíos señalados por el investigador: la indiferencia frente al sufrimiento ajeno. Para Argüelles, enfrentar la violencia requiere algo más que respuestas institucionales.
Especial Multimedia de Intersección MX©.
También exige memoria, participación ciudadana y una reflexión colectiva sobre las formas en que la sociedad reproduce o tolera determinadas expresiones de violencia.
"Para que haya verdad, memoria y justicia, primero tiene que haber memoria”, concluye.
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Monumento a los desaparecidos "Plaza de los Desaparecidos", Centro de Monterrey.
Foto: Lilian Gómez
La búsqueda no termina
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"Las familias tuvieron que empujar estas leyes”, afirma.
La falta de respuestas suficientes obligó a muchas personas a encargarse de tareas que originalmente correspondían al Estado. Desde documentar casos hasta participar en búsquedas de campo, “Las familias asumen tareas que nunca debieron recaer sobre ellas”, señala.
Para Orellana, esta realidad también exige combatir los estigmas que suelen rodear a las personas desaparecidas. “Nadie nunca debió haber desaparecido”, afirma al cuestionar las narrativas que buscan justificar la violencia o responsabilizar a las víctimas de lo ocurrido.
Después de años acompañando a familias buscadoras, Orellana resume una de las principales lecciones que continúa observando en este proceso: “Solo nos tenemos a nosotras y nosotros”. Sin embargo, advierte que la solidaridad entre familias no debe sustituir las obligaciones del Estado. La búsqueda, la investigación y el acceso a la justicia continúan siendo responsabilidades institucionales. Porque para miles de familias en México, la desaparición de un ser querido no representa el final de una historia, sino el inicio de una búsqueda que continúa mientras exista la esperanza de encontrar verdad, justicia y respuestas.
A medida que la crisis de desapariciones se profundiza en México, las familias asumen un papel cada vez más visible en los procesos de búsqueda y exigencia de justicia. Para Javier Orellana, integrante de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), una de las transformaciones más preocupantes es la normalización de una crisis que continúa creciendo año tras año.
Aunque los registros oficiales superan las 130 mil personas desaparecidas y no localizadas, Orellana insiste en que detrás de cada cifra existe una historia familiar marcada por la incertidumbre y el daño acumulado. Hablar de desapariciones, señala, implica hablar de personas, familias y comunidades afectadas por una ausencia que se prolonga durante años.
Sin embargo, en medio de la crisis, destaca otro fenómeno que suele recibir menos atención: la organización de las propias familias. Durante años, madres, padres, hermanas y hermanos no solo han buscado a sus seres queridos; también han impulsado leyes, exigido instituciones especializadas y promovido mecanismos de búsqueda que antes no existían.
Realidad virtual de la "Plaza de los desaparecidos" en Monterrey, Nuevo León.
Fuente de datos: Elaboración propia a partir de fotografías capturadas.
Mientras sigan faltando
Las historias presentadas muestran que la desaparición, la trata de personas y el reclutamiento forzado difícilmente pueden entenderse como fenómenos aislados. Aunque cada caso posee características propias, las voces consultadas revelan múltiples puntos de conexión entre estas problemáticas: contextos de violencia, vulnerabilidad social, impunidad y la presencia de estructuras criminales que continúan reproduciéndose en distintas regiones del país. Comprender estas intersecciones resulta fundamental para dimensionar una crisis que afecta a miles de personas y familias en México.
Durante años, la respuesta a este conflicto recayó, en gran medida, sobre las propias familias. Son ellas quienes impulsan leyes, exigen instituciones, organizan búsquedas y mantienen viva la memoria de quienes siguen ausentes. Sin embargo, la responsabilidad de prevenir las desapariciones, investigar los delitos y garantizar el acceso a la justicia no puede depender únicamente de quienes son afectados por la crisis.
Las distintas voces consultadas coinciden en que enfrentar esta problemática requiere fortalecer las instituciones encargadas de la búsqueda e investigación, mejorar la coordinación entre autoridades, combatir la impunidad y desarrollar estrategias de prevención que atiendan las condiciones sociales que permiten la expansión de la violencia.
Pero también exige algo más difícil: evitar que la desaparición se convierta en una realidad normalizada.
Detrás de cada ficha, cada fotografía y cada nombre existe una persona cuya ausencia sigue generando preguntas. Mientras esas preguntas permanezcan sin respuesta, la crisis no puede considerarse resuelta. Porque las desapariciones no terminan cuando alguien deja de estar. Terminan cuando existe verdad, justicia y la posibilidad de regresar a casa.
A México todavía le faltan más de 130 mil personas.
No olvidarlas también es una forma de buscarlas.