Desapariciones y control criminal
Intersección MX analiza la relación entre desaparición, trata de personas y reclutamiento forzado mediante visualizaciones, testimonios y análisis de datos para entender una de las crisis más complejas del país.
Por Lilian Gómez
10 de junio de 2026 - Monterrey, Nuevo León.
En México, desaparecer rara vez significa simplemente desaparecer. Para miles de familias, la ausencia se convierte en una búsqueda interminable; para otras víctimas, puede significar explotación, reclutamiento o una vida borrada por las dinámicas criminales. Mientras las cifras de desaparición continúan creciendo, delitos como la trata de personas y el reclutamiento forzado avanzan de manera paralela en distintas regiones del país. En un México marcado por la impunidad, la ausencia no siempre representa un final: en muchos casos, puede convertirse en el inicio de otra forma de violencia.
Vivos, pero desaparecidos
La desaparición de su esposo hace más de una década cambió el rumbo de su familia y dio origen a una búsqueda que continúa hasta hoy. Esta es la historia de Elva Rivas.
Con el paso de los años, Elva descubrió que la historia de su esposo no era una excepción. Miles de familias en México viven la misma incertidumbre, aferrándose a fotografías, mensajes y recuerdos mientras continúan buscando a quienes faltan. Las fichas de búsqueda se han convertido en uno de los rostros más visibles de esta crisis: cada una representa una persona desaparecida, pero también una familia que, como Elva, se resiste a dejar de buscar.
Las fichas de búsqueda permiten dimensionar el alcance humano de la crisis, pero también revelan que la desaparición en México difícilmente puede entenderse como un fenómeno aislado. Más allá de la ausencia de una persona, numerosos casos se desarrollan en contextos marcados por distintas formas de violencia, explotación y control criminal. Sin embargo, para las familias, la desaparición suele comenzar de la misma manera: con una ausencia que permanece sin respuestas y una búsqueda que se convierte en parte de la vida cotidiana.
Frase sobre los desaparecidos en CIESAS Noreste, Centro de Monterrey.
Foto: Lilian Gómez
El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) contabiliza más de 130 mil personas desaparecidas en México desde 2006. De ellas, el 36% de los casos carecen de información suficiente para iniciar una búsqueda centrada, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Paralelamente, delitos como la trata de personas y el reclutamiento forzado han mostrado incrementos sostenidos: la trata aumentó 45% entre 2024 y 2025, mientras que las investigaciones relacionadas con adolescentes reclutados por el crimen organizado prácticamente se duplicaron entre 2021 y 2023 (SESNSP). En un contexto donde estos fenómenos avanzan simultáneamente, la coexistencia entre desaparición, trata y reclutamiento forzado evidencia la necesidad de analizar sus posibles vínculos estructurales dentro de una misma dinámica criminal.
Gráfica interactiva de tendencias de desaparición, trata de personas y reclutamiento forzado (2020-2025).
Fuente de datos: Elaboración propia con datos del RNPDNO, SESNSP y organizaciones civiles.
Las cifras de reclutamiento forzado corresponden a estimaciones y casos documentados por organizaciones civiles y reportes periodísticos, debido a la ausencia de un registro oficial consolidado en México.
La desaparición como herramienta de control
Según la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “la desaparición forzada de personas constituye una violación grave de derechos humanos a causa de la multiplicidad de delitos que coexisten cuando es cometida”. Más allá de su definición legal, la desaparición en México se ha convertido en un mecanismo de control, terror y silenciamiento que, además de impactar a las víctimas directas, también afecta a familias y comunidades completas. En palabras de Chantal Flores, periodista independiente especializada en el tema de la desaparición forzada en México, “la desaparición es la táctica más eficiente para sembrar terror y miedo en las comunidades”. Bajo esta perspectiva, la desaparición en México deja de entenderse como una serie de casos individuales y aislados, para evidenciarse como una práctica sistemática atravesada por estructuras criminales, omisiones estatales y mecanismos de control social.
"La desaparición es una de las principales herramientas que usa el crimen para controlar territorios y comunidades”, explica Flores.
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Esta forma sistemática de control no solo responde a dinámicas de violencia simbólica o territorial, sino también a necesidades operativas y económicas de las estructuras criminales. A lo largo de los últimos años, diversos patrones de desaparición han comenzado a revelar vínculos entre las personas desaparecidas y distintas formas de explotación utilizadas por el crimen organizado, como el reclutamiento forzado, la explotación laboral y la trata de personas. Como menciona Flores, “el crimen organizado no se puede quedar sin personal”.
Bajo esta lógica, la desaparición también funciona como un mecanismo de abastecimiento de mano de obra criminal, particularmente en contextos donde las organizaciones delictivas buscan mantener control territorial, operaciones de vigilancia u otras actividades ilícitas diversificadas. “No se trata de vacantes, es una dinámica de ‘quien esté en este territorio va a trabajar para mí’ para mantener ese poder territorial”, agrega Flores.
Frase sobre los desaparecidos en Padre Mier 444, Centro de Monterrey.
Foto: Lilian Gómez
La explotación detrás de la desaparición
En numerosos casos, la desaparición puede convertirse en la puerta de entrada a redes de explotación que operan de manera paralela a otras actividades del crimen organizado. Entre las múltiples formas en que estas estructuras criminales ejercen control y obtienen beneficios económicos, la trata de personas ocupa un lugar particularmente relevante. Sin embargo, pese a su magnitud, continúa siendo uno de los delitos más invisibilizados por las instituciones y menos comprendidos por la sociedad.
Para Melva Frutos, periodista con casi tres décadas de experiencia e investigadora del fenómeno de la trata de personas en Nuevo León, la relación entre desaparición, explotación y crimen organizado es innegable. “Los grupos de la delincuencia encontraron un nicho económico muy importante en la trata”, explica. La rentabilidad de este delito ha sido ampliamente documentada a nivel internacional. De acuerdo con estimaciones citadas por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la trata de personas genera alrededor de 32 mil millones de dólares anuales para las redes criminales, convirtiéndose en una de las economías ilícitas más lucrativas del mundo.
A diferencia de otros delitos, la trata genera ganancias constantes a partir de la explotación continua de las víctimas. Conforme las organizaciones criminales diversificaron sus actividades más allá del narcotráfico, comenzaron a incorporar prácticas como la extorsión, el cobro de piso, la explotación sexual y la trata de personas dentro de sus esquemas de financiamiento. Según Frutos, estos ingresos permiten sostener otras operaciones criminales, incluyendo la adquisición de armas y el mantenimiento de estructuras delictivas más amplias.
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"El tema de la trata es muy redituable para ellos porque no tienen que invertir nada y las mujeres están sometidas todo el tiempo”, señala la periodista.
La invisibilización por parte de las instituciones se refleja en los procesos de investigación. Como documentó Frutos durante su trabajo de campo, familias que identificaron indicios de trata tras una desaparición reportaron dificultades para que las autoridades incorporaran esa línea de investigación a sus expedientes. Esta relación entre desaparición y explotación tiene implicaciones directas en la manera en que las autoridades investigan los casos. Aunque las familias suelen denunciar inicialmente una desaparición, conforme obtienen información, comienzan a identificar indicios que apuntan hacia posibles escenarios de trata o explotación. Sin embargo, estas líneas de investigación no siempre son seguidas por las instituciones encargadas de la búsqueda. La diferencia es significativa: mientras una investigación por desaparición suele concentrarse en la localización de víctimas en contextos asociados a homicidios o fosas clandestinas, una investigación por trata puede ampliar el espectro hacia prostíbulos, casas de masaje, redes de explotación sexual o rutas de traslado entre entidades federativas.
Esta distinción cobra especial relevancia si se considera que la trata de personas presenta una de las cifras negras más altas del país según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por lo que los casos registrados representan únicamente una fracción de su verdadera dimensión. A ello se suma que México es identificado por la UNODC como un país de origen, tránsito y destino para la trata de personas, una condición que favorece la operación de redes de explotación a escala nacional e internacional. Para Frutos, la relación entre desaparición y explotación sexual ha sido evidente durante años. “Sí o sí, el gran porcentaje de los casos es para explotarla sexualmente”, afirma al referirse a numerosas desapariciones de mujeres jóvenes.
Fichas de búsqueda en Ignacio Zaragoza 218, Centro de Monterrey.
Foto: Lilian Gómez
Los cuerpos como mano de obra criminal
Si la trata de personas representa una de las formas más lucrativas de explotación criminal, el reclutamiento forzado evidencia otra dimensión de la crisis de desapariciones en México: la utilización de personas desaparecidas como mano de obra para sostener las operaciones de grupos delictivos. Lejos de tratarse de casos aislados, diversos indicios apuntan a que numerosas desapariciones responden a necesidades operativas vinculadas a economías criminales que requieren un flujo constante de trabajadores para mantener su funcionamiento.
En palabras de Darwin Franco, periodista y académico especializado en desaparición de personas, la desaparición suele responder a una lógica económica. “Una persona desaparecida le sirve a alguien para algo”, explica. Esta premisa permite entender por qué el perfil predominante entre las personas desaparecidas en México corresponde a jóvenes en edad productiva. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), una proporción significativa de los casos se concentra entre personas de 18 a 29 años, particularmente hombres jóvenes, un sector que coincide con la población más susceptible de ser utilizada como fuerza de trabajo por organizaciones criminales.
"El control territorial y el terror por sí solos no explican esta cantidad de desapariciones; lo que se requiere es gente que produzca”, menciona Franco.
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A diferencia de las dinámicas de explotación sexual, el reclutamiento forzado suele estar orientado a la obtención de mano de obra para actividades relacionadas con la producción de drogas, vigilancia territorial, transporte de mercancías ilícitas o participación en estructuras armadas. En algunos casos, explica Franco, las víctimas son engañadas mediante falsas ofertas de empleo difundidas a través de redes sociales, donde se prometen salarios atractivos y oportunidades laborales que terminan convirtiéndose en mecanismos de captación. Una vez trasladadas a otros estados, muchas de estas personas son privadas de su libertad y obligadas a participar en actividades criminales.
Una de las expresiones más extremas de esta lógica es lo que el periodista denomina “sicariato forzado”: personas desaparecidas que son obligadas a recibir entrenamiento con armas para integrarse a estructuras criminales. “Personas que son desaparecidas para ser forzadas a recibir entrenamientos con armas”, resalta al describir una dinámica que ha documentado durante años en Jalisco. Bajo este esquema, las víctimas terminan convirtiéndose en mano de obra desechable dentro de organizaciones criminales que requieren reemplazar constantemente a quienes mueren, son detenidos o abandonan sus filas.
La magnitud del fenómeno se hizo particularmente visible tras el hallazgo del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco. Para Franco, este caso permitió evidenciar que el reclutamiento forzado no responde a hechos aislados, sino a circuitos organizados de captación, traslado, entrenamiento y explotación de personas. “Lo que el Rancho Izaguirre demostró es que los centros de entrenamiento existen y también existen los centros de exterminio”, sostiene. El caso permitió visibilizar una dinámica que durante años había permanecido oculta: la utilización sistemática de personas desaparecidas dentro de esquemas de reclutamiento forzado.
"En esos lugares, a las personas que se negaban a hacer lo que se les pedía, las asesinaban. A veces, esos asesinatos servían para enseñar a otros qué hacer con los cuerpos”, indica Franco.
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Sin embargo, pese a la creciente evidencia, el reclutamiento forzado continúa enfrentando importantes obstáculos institucionales. En México, esta práctica no se encuentra tipificada como delito autónomo, lo que dificulta su investigación y limita el reconocimiento jurídico de las víctimas. Esta falta de reconocimiento legal adquiere una dimensión aún más significativa si se considera que organizaciones como Reinserta estiman que entre 30 mil y 40 mil menores de edad participan activamente en estructuras criminales, desempeñando funciones que van desde labores de vigilancia hasta actos de violencia extrema. Como consecuencia, numerosos casos terminan siendo investigados únicamente como desapariciones individuales, sin explorar las redes criminales más amplias que podrían encontrarse detrás de ellas. “Las desapariciones en este país se investigan como casos aislados”, advierte Franco. Esta fragmentación impide comprender la dimensión sistémica del fenómeno y favorece la permanencia de estructuras criminales que continúan operando con altos niveles de impunidad.
Fichas de búsqueda afuera de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, Centro de Monterrey.
Foto: Lilian Gómez
Un mismo fenómeno, distintas dinámicas
Aunque la desaparición, la trata de personas y el reclutamiento forzado comparten vínculos estructurales, su manifestación no es homogénea en todo el país. Las dinámicas criminales cambian de acuerdo con las características económicas, geográficas y territoriales de cada región, generando patrones distintos de violencia y explotación.
De acuerdo con Chantal Flores, comprender las desapariciones exige observar los contextos locales donde ocurren. “Las dinámicas son muy distintas dependiendo del estado”, explica. Mientras en algunas entidades predominan fenómenos relacionados con el control territorial y las disputas entre grupos criminales, en otras las desapariciones pueden estar vinculadas con actividades económicas específicas o formas particulares de explotación.
Melva Frutos coincide en que la trata de personas presenta comportamientos diferenciados según la región. Durante su investigación en Nuevo León, documentó cómo las rutas de traslado, los espacios de explotación y los perfiles de las víctimas responden a características propias del contexto local. Esto significa que una desaparición en la frontera norte puede estar asociada a dinámicas distintas de las observadas en estados del centro o sur del país.
Desde la perspectiva de Darwin Franco, el reclutamiento forzado también refleja esta diversidad territorial. “Cada estado tiene su propia dinámica desaparecedora”, señala al explicar que los mecanismos de captación, entrenamiento y explotación utilizados por las organizaciones criminales varían según las necesidades operativas de cada región. Mientras algunos territorios concentran procesos de reclutamiento vinculados a la producción de drogas, otros funcionan como territorios de tránsito o espacios de control estratégico.
Pese a sus diferencias, estas dinámicas comparten un elemento común: la utilización de personas desaparecidas como recursos funcionales dentro de estructuras criminales más amplias. Comprender cómo se manifiestan estas prácticas en cada entidad permite identificar patrones regionales y dimensionar la complejidad de un fenómeno que adquiere formas distintas a lo largo del territorio nacional.